Eguzki
ha comparecido hoy ante las Juntas Generales para dar su opinión sobre la
política de residuos
Eguzki ha comparecido hoy al
mediodía ante la comisión de las Juntas Generales de Gipuzkoa que recaba
opiniones sobre la política de residuos.
Nuestro colectivo se ha
ratificado en que considera el actual plan más apropiado que el anterior, tanto
desde el punto de vista de la salud de las personas y del medio ambiente como
también del económico y, en general, de la sostenibilidad. En ese sentido,
hemos insistido en que el anterior no solo pivotaba sobre la indeseada (y
carísima) incineradora, sino que se basaba en previsiones sobre producción de
residuos erróneas, que ya en la anterior legislatura obligaron a hacer
modificaciones y que, hoy en día, han quedado completamente desfasadas.
No obstante, el grueso de la intervención de Eguzki ha consistido en
repasar la historia de la política de residuos en Gipuzkoa. No la más reciente, más o menos
conocida por todos y todas, sino la que arranca en los años 90, cuando se
plantea por primera vez un proyecto para construir una incineradora. Este
proyecto, descartado oficialmente en un principio “por razones económicas”,
volvió a reaparecer unos años después, y fue desplazándose de un sitio a otro
(Tolosa, Zestoa, Urnieta, Landarbaso…), hasta el punto de que podemos
considerarlo un proyecto itinerante.
Este ejercicio de memoria ha permitido a Eguzki poner de manifiesto
con cuánto oportunismo han jugado y juegan los partidos en este asunto. Es por eso que hemos hecho un
llamamiento, tan ingenuo como se quiera, pero sin duda necesario, a que dejen
de utilizarlo como munición electoral y se centren en hallar cuál es el mejor
camino o, al menos, el menos malo para
abordar la cada vez más acuciante problemática de los residuos que todos
generamos.
A estas alturas del partido, todos coincidimos en que la solución pasa
por la recogida selectiva. En la actualidad, tanto las personas que utilizan el 5º contenedor como las que participan
en el puerta a puerta y hacen autocompostaje o compostaje comunitario pueden
llegar a reciclar en torno al 90% del total de sus residuos. Pero el problema
es que quienes participan en la recogida selectiva de la materia orgánica a
través del 5º contenedor, que actualmente es voluntaria, difícilmente superan
el 20% de la población de los barrios y pueblos en los que está implantado el
servicio. ¿Qué hacemos con el
80% restante? Es más, ¿qué hacemos con ese aproximadamente 30% de personas que declaran
no reciclar no ya materia orgánica sino nada o casi nada? ¿Es justo que los ciudadanos responsables con sus residuos
afronten con su esfuerzo y su dinero la irresponsabilidad de casi un tercio de
la sociedad? ¿Malgastar materiales no renovables, incrementar los gastos de
tratamiento de los residuos, perjudicar a la naturaleza y contaminar se puede
entender como un acto de “libertad”? ¿La “libertad” de no reciclar y
contaminar debe ser considerada como un derecho que, además, pueda ser ejercido
gratuitamente?
Si nos ponemos de acuerdo en las respuestas, a nuestro
juicio de sentido común, que merecen estas preguntas, estamos convencidos de que
terminaremos optando por la solución mejor, por la más saludable y ambiental y
económicamente más sostenible.